EL SOCIO DE MONIPODIO

Una de las singularidades del despotismo andaluz es que –a diferencia de los totalitarismos canónicos, basados en el modelo de partido único- este admite el pluralismo político; eso sí, condicionado, modulado y orientado a avalar la hegemonía del partido dominante. Así, esos otros partidos satélites, llegado el momento, han de cumplir su función esencial: garantizar la dominación. No tienen otra razón de ser, ni prestan otra función social. Son meras estructuras burocráticas, oportunistas y parasitarias; capaces, como las garrapatas, de aguantar agazapadas largo tiempo hasta que se presenta la ocasión propicia.
Esta es la situación que, tras el 25M, vivimos en Andalucía. El régimen socialista –derrotado en las urnas- requiere los servicios lacayunos del parásito. En esta ocasión, como antes fuera el PA, IU asumirá -lo ha anunciado- ese papel. Hablaremos, pues, de ello.
IU da por sentado que avalará el sostenimiento del régimen; como dijo Horacio, “con una apariencia esplendorosa ocultarán su alma mezquina…” Sostén-y-miento (¡cómo es nuestra lengua de profunda -y de traicionera-!: sostener y mentir, aquí indisociables. Remito a la consulta de una interesante reflexión sobre el tema en el libro de Gabriel Albiac “Contra los políticos”).
Barajan para ello, según manifiestan, tres “fórmulas de colaboración”: El pacto de gobierno, o gobierno de coalición; el pacto estable de legislatura, sin participación directa en el gobierno; y el simple apoyo a la investidura, seguido de acuerdos puntuales. En todo caso, el apoyo tiene un precio –lo ha dicho Anguita-, que comenzará por la Presidencia del Parlamento y continuará durante toda la legislatura –a precios de mercado, según el modelo catalán- con otro tipo de gabelas (¿pedacito de canal sur?) y mayores gastos, que pagaremos todos –los demás-, como siempre.
Mas no nos engañemos, es decir, no nos dejemos engañar, las tres fórmulas son, en esencia, la misma cosa: apuntalar un régimen periclitado. Se sienten o no en la mesa del Consejo, mantener al PSOE en el poder es apoyar y hacerse corresponsable de la lacra insoportable del paro, de la miseria económica, de la angustiosa precariedad laboral, del atraso, de la emigración –de nuevo- de los mejores, del mantenimiento del pueblo llano en la ignorancia mediante el adoctrinamiento y la propaganda, del sometimiento de los intereses generales a los de la oligarquía partidista, de la lepra invasora de la corrupción, de la degradación de la sociedad civil a la condición de rebaño, del descomunal nepotismo, del impúdico robo de los dineros del pueblo…
Intuyo que al final se inclinarán por un acuerdo de investidura. Fundamentalmente por dos razones: una, para evitar un cisma en la propia coalición; dos, por puro cálculo electoralista. IU sabe perfectamente lo que supone apoyar a este régimen; aunque pretendan engañarnos, ellos no se engañan. Por ello aspiran, además, a hacerlo sin consecuencias, hipócritamente. De modo que ante un eventual fracaso -lo cual es previsible, pues ¿cómo puede esperarse del escorpión que mude su naturaleza?- se sientan libres para decir “nosotros no gobernábamos”. Dentro de la vileza que entraña cualquiera de las tres opciones, esta, a mi juicio, es la más ruin; porque constituye un soberbio ejercicio de cinismo y falsedad.
¿Alguien puede creerse que el apoyo se limitará a la investidura? Si así fuera, el régimen duraría un día. Simple cuestión matemática. Es obvio, que el apoyo (digamos que en la sombra) tendrá que extenderse a toda la legislatura. Siento decirlo por alguno de los que patrocinan esta opción (“soy amigo de Platón, pero más de la verdad”), apoyan un régimen despótico y pretenden pasar por virtuosos. Como Nerón, auténtica imagen de la crueldad, que, según refiere Montaigne, cuando le dieron a firmar la sentencia de un criminal condenado, exclamó: ¡Pluguiera a Dios que jamás hubiese aprendido a escribir!.
La palabrería no podrá desmentir los hechos. Así que, señores de IU, sean valientes y háganse responsables de sus acciones; no pretendan engañarnos. Acepten la paternidad de lo que engendrará ese gobierno; pues, como dijo Quevedo, “cada uno mire que no se corrompa, porque será padre de sus gusanos”.
Por otro lado, el espectáculo, si se contempla distante y desapasionadamente, desde la desesperanza, no carece de gracia. Estamos acostumbrándonos a vivir nuestra moderna historia socialista en clave de tragicomedia y de esperpento. De qué otra manera, si no, podríamos tomarnos la historia de la familia Guerra, de la familia Chaves (¡Ah, la famiglia!), los cuentos inmorales de la bella Laura Invercaria, las épicas mariscadas, las alucinantes batallas blancas de Guerrero y su fiel escudero, los ósculos agradecidos del vanidoso Griñán a Patrañas, el pelanas “bienbesao”. A veces pienso que los padres de la patria andaluza debieran ser, según nos van las cosas, Berlanga y Valle-Inclán.
Y es que, tras el natural sonrojo, que es reacción refleja, incontrolada, causa risa leer las manifestaciones de algunos líderes de IU que dicen que socorrerán al PSOE con la nariz tapada; o que es condición indispensable la constitución de una comisión de investigación sobre el “fondo de reptiles”. Ante esos refinamientos éticos no puedo evitar que aflore a mi mente una imagen de hace sólo unos días, en la que se ve al líder máximo de la coalición encabezando una manifestación, flanqueado por el piquetero con nombre de personaje de tebeo que viajó desde Europa en clase business (con nuestro dinero) para no llegar tarde a amedrentar trabajadoras, y por el destacado sindicalista acosador, reincidente y contumaz, condenado por atentar contra la salud y la dignidad de los trabajadores (¡qué vergüenza!), infatigable devorador de marisco (con nuestro dinero), y, además, imputado por la presunta comisión de media docena de delitos por la valiente juez Alaya (así de arrastrada está nuestra justicia, cuando hay que admirar la valentía de una juez por aplicar la ley a los poderosos). Estos son los nuevos cofrades del señor Monipodio (Sevilla no ha cambiado en cuatro siglos).
Esas imágenes, que trascienden lo anecdótico, nos dan el tono de lo que ha de venir. Como botón de muestra de lo que será, me aventuro a pronosticar el resultado de la innegociable comisión de investigación, ahí va: Ni Chaves, ni Zarrías, ni Griñán, ni el Psoe, supieron nada. Fue cosa de cuatro golfos. Corrompidos por el PP, pues se demostrará que el garito donde despachaba Guerrero era de un simpatizante o votante de dicho partido. Ergo…
La verdad es que el presagio carece de mérito; el resultado está cantado, cuando la comisión de investigación la propician -y la controlan- el que está bajo sospecha y su socio.
¿Verdaderamente, pretende IU que nos traguemos que eso es una contrapartida por su apoyo al gobierno; cuando perfectamente, y necesariamente, puede y debe hacerlo con el concurso del PP, “contra” aquél que está bajo sospecha?
En tales circunstancias, ¿puede esperarse otro dictamen? ¿Acaso que el gobierno, al que apoya IU, es un gobierno corrupto, y continuar apoyándolo? Obviamente, no. Por tanto, ya sabemos lo que ocurrirá.
En cualquier caso, en última instancia, no espere IU otro galardón del PSOE que el que otorgó Polifemo a Ulises: ser devorado el último. Cuando eso ocurra, cuando los traidores hayan pagado por su felonía, los empleados públicos andaluces seguiremos ahí, resistiendo en el mismo bando, el de la defensa de la Ley de todos.
Max Estrella, cesante de hombre libre
Abril, 2012

UN MALENTENDIDO

Sí, fue un malentendido. Dijeron ¡a las urnas!, y él entendió ¡a las armas…Aquí –como en los versos de Ángel González- hay quienes pretenden conseguir con la violencia y el terror lo que los votos le han negado. El psoe –y su segunda marca- han soltado a la jauría rabiosa, en un ataque contra las libertades de la ciudadanía y la soberanía popular, al que han tenido la desvergüenza de enmascarar de huelga. La violencia como forma de hacer política -si en otro tiempo, no muy lejano, fue desgraciadamente recurso cainita de tirios y troyanos- es hoy patrimonio exclusivo del neototalitarismo izquierdista.
Que esto es así lo demuestran las propias palabras de sus líderes –no hace falta decir nombres, todos han dicho lo mismo- quejándose de excesiva presencia policial en las calles. Para nosotros, me refiero a los que estamos combatiendo la ley del nepotismo extremo del régimen andaluz, no dejará de sorprendernos esa queja, cuando hemos padecido -precisamente por ir contra sus intereses sectarios- el marcaje policial de forma desmesurada y abusiva.
Sostienen los quejicosos que la policía ha actuado para coartar el derecho de huelga de los trabajadores. Sin embargo, que yo sepa, ningún policía ha penetrado en el domicilio de un huelguista, lo ha sacado de la cama y lo ha conducido a la fuerza a su fábrica o a su oficina. Ninguno, que yo sepa, se ha atrevido a entrar en los bares cercanos a las sedes sindicales (los que no cierran, ni son cerrados) e increpar a los concurrentes: “venga señores, a trabajar”. Nadie de los que hoy han trabajado lo ha hecho obligado por la policía. ¿A qué, entonces, las quejas? La pregunta, obviamente, es retórica. La policía era un obstáculo para sus planes, porque lo que pretendían estos matones era impedir mediante la violencia y el miedo que los que no piensan como ellos ejercieran sus derechos libremente. Lo que pretendían los camisas pardas de este sindicalismo empresarial, que defiende los intereses empresariales de los dos sindicatos más corruptos –y más ricos- de Europa, era impunidad.
En Torretriana han dado una exhibición de matonismo (o de sindicalismo de clase, que aquí ambas cosas significan lo mismo), que ya la hubiesen querido Norman Jewison o Elia Kazan para alguna de sus películas de sindicalistas. Las víctimas de sus ataques han sido preferentemente las compañeras, incluso las notablemente embarazadas. Entre los insultos proferidos, “puta” ha sido el favorito de estos valientes. Es fama que tienen una sólida formación en “cultura de género”, adquirida en cursillos onanísticos (no piense el lector lo que no es; los califico así porque en ellos mismos –sindicalistas- concurre la doble condición del que da y toma; del que imparte y recibe). No espere nadie, pese a ello, oír la más mínima queja o el más suave reproche de la sección femenina del régimen. Cobardes, además de fascistas.
Conscientes de la iniquidad de sus intenciones, traen a los camorristas de barrios lejanos y de otros sectores de actividad. Si se tratara de informar eso carecería de lógica, pues lo propio sería que informara la persona cercana, el compañero de fatigas. Mas como de lo que se trata es de atemorizar y agredir, mejor los desconocidos que no se verán cohibidos por los sentimientos de afecto o solidaridad que suele dar el roce. Y, además, no serán reconocidos. No obstante, me dicen que vieron entre ellos al Capo Manuel Patraña, el “bienbesao”. Amenazante, con sus bastones, que seguro esconden estoques, herramientas del oficio, cual cojo Mantecas del siglo XXI, rajando ruedas (por cierto, sería interesante conocer cuantas miles han rajado hoy los defensores de los derechos de los trabajadores). Es lógico que ahí estuviera, pues es sabido que “el ojo del amo engorda el caballo”, y a la postre, de eso se trata todo esto, de negocios. Lo dijo su colega, Don Vito Corleone, “no es nada personal, son negocios”. Hoy hemos sabido que estos sindicalistas, matones y corruptos, cobraban del “fondo de reptiles” (es lo suyo, ¿de dónde si no?) mediante empresas tapadera.
Hoy ha sido un día negro para la ¿democracia? Hoy, de nuevo, algunos han hecho avergonzarse a muchos. Afortunadamente, no luchamos con las mismas armas. Unos con la pluma, otros con la cornamenta (Don Antonio lo dijo). Unos con la palabra, otros con el puñal (esto lo dijo un bufón de una ópera). Ahí hay que darles la razón: todavía hay clases. Pobre país. ¡Ay de los que aman la justicia y la libertad!
Max Estrella, cesante de hombre libre
Marzo, 2012

UNA DULCE DERROTA

Es sabido que en este país nunca hay perdedores en las confrontaciones electorales. Estas elecciones no iban a ser, pues, excepción. De manera que oiremos al Partido Popular proclamarse vencedor de los comicios, y declarar que los resultados constituyen un hito histórico; del mismo modo, Izquierda Unida, que duplica el número de sus parlamentarios, se proclamará el vencedor moral; mas el verdadero ganador será el Partido socialista que, habiendo perdido, se mantendrá en el poder; porque, a la postre, lo importante, como respondió Humpty Dumpty a Alicia, es saber quien manda. Creo que en la historia electoral andaluza no ha habido victoria tan amarga ni derrota tan dulce.
Lo capital en estas elecciones no era tanto quién ganara, como quién perdiera. Porque lo verdaderamente importante para la ciudadanía era aprovechar una oportunidad histórica de acabar con un régimen. Acabar con treinta años de ejercicio de poder despótico. De ese despotismo que vislumbró Alexis de Tocqueville, omnipotente, omnipresente y proveedor -más de los suyos, los de la secta socialista, que del resto. Liquidar un régimen corrupto y acreditadamente ineficaz que ha hundido en la miseria a Andalucía y la ha colocado a la cabeza de los peores indicadores socioeconómicos, el peor de todos una tasa de desempleo del 33% que supera en 10 puntos la tasa nacional. La misma diferencia que, casualmente, existe entre el porcentaje de votos que el partido socialista obtiene en Andalucía y en toda España.
Mas no pudo ser, a pesar de que las condiciones objetivas (como decían los marxistas-leninistas) eran favorables, pues nunca se dio, como ahora, una conjunción planetaria de miseria económica, desempleo y corrupción de la naturaleza y proporciones que esta. Al noble pueblo andaluz, a los hombres de luz –según reza nuestro himno-, mejor dicho, a la mayoría de ellos, que no a todos, se ve que poco les importa una situación económica catastrófica, con una tasa de paro del 33%, y unos niveles de corrupción tales que no encuentran parangón –no ya entre nuestros vecinos mediterráneos- ni siquiera en la prolija historia de la corrupción socialista española. La dignidad de un pueblo hubiese exigido otro resultado.
Pero, digamos resignadamente, como Sócrates, que esto es lo que desean los atenienses. Al fin y al cabo, como señaló Hannah Arendt, sería un error olvidar que los regímenes totalitarios –y este está impregnado profundamente de totalitarismo- mientras se hallan en el poder se afirman con el apoyo de las masas. También es sabido que, normalmente, ninguno se extingue por la fuerza de los votos. No íbamos a ser excepción en esto. Pero es lamentablemente penoso constatarlo.
Como apuntó Max Stirner, el carácter de una sociedad queda determinado por el carácter de sus miembros; muchos andaluces nos sentimos avergonzados del encanallamiento que proyecta la sociedad andaluza ante el resto de conciudadanos, insensible moralmente ante la corrupción y la injusticia; corrompida por un régimen que ha sembrado en ella la semilla del subsidio, y al que se entrega como una ramera complaciente y servil –en palabras de Roa Bastos-, que no percibe que ha sido sacrificada por la ambición de sus gobernantes, terrible espectáculo.
Todo lo que es susceptible de empeorar, empeora. Si nocivo ha resultado para Andalucía el poder absoluto del PSOE, más dañino resultará ahora (y mucho más caro, para los que pagamos; pues es pública y notoria la afición que profesan los comunistas sevillanos al marisco y al lujo) que se ha de dar satisfacción a las disparatadas exigencias de su socio en el negocio. Ya tuvimos ocasión de comprobarlo en el Ayuntamiento de Sevilla. Modelo de corrupción y estalinismo, mientras gobernaron. Creo que ninguno de los concejales de Izquierda Unida se salvó de ser condenado judicialmente por su sectarismo o por sus corruptelas. Sería demasiado prolijo enumerar los “logros del gobierno de progreso”, a las hemerotecas me remito. Y esta es otra enseñanza que debemos extraer: el PP nunca gobernará en Andalucía, a nos ser que gane con mayoría absoluta. Conscientes de ello la idea principal de la campaña de IU ha sido la de “no queremos mayorías absolutas”. Y más iluminado aún, Griñán manifestó hace unos días que iban a ganar las elecciones y que incluso hasta obtendrían más votos que el PP. Clarificador. El guión se cumplirá milimétricamente. Pesado, medido, dividido. Quienes ya los hemos padecido lo sabemos. Lo que nos queda será dantesco. Es decir, “lasciate ogni speranza”, vamos a conocer el infierno, y ni siquiera nos llevará Virgilio de la mano.
Ayer fue un día aciago en Andalucía. Hasta el cielo, aquí siempre azul, fue ayer como la espuma sucia. Los “hombres de luz” no aman la libertad –ni la honradez-, si las desearan seríamos libres, aun sin tierra. En la Odisea se cuenta que los dioses tejen desdichas para que a las futuras generaciones no les falte algo que cantar; si el griego no anda errado, nuestro infortunio quedará así redimido.
Max Estrella, cesante de hombre libre.
Marzo, 2012

A VUELTAS CON LA JUSTICIA

Tal vez sea que de andar demasiado en conversación con los difuntos y escuchar con los ojos a los muertos, termina uno distanciándose del presente y sus tribulaciones (como Javier Marías dice que le sucede a Francisco Rico, que sólo retiene la información remota, la de los muy pasados siglos); o, a lo mejor, porque hace tiempo que descubrí en la misantropía y en el exilio interior y el extrañamiento doméstico una especie de triaca frente a tanta estupidez y podredumbre; o puede que se deba a la herrumbre existencial, que inexorablemente va encostrando el alma. Lo cierto es que ya nada, o casi nada, me sorprende. Digo, como Terencio, nada humano me es ajeno, y menos que nada lo relacionado con esa doncella que porta espada y balanza -no ciega, tuerta; pues ve con un ojo por debajo de la venda- y es tan compasiva con los poderosos que no se aproxima a ellos ni de lejos por no estigmatizarlos, pero que no se modera en humillar a los desdichados (“no sabemos de leyes, pero sí de sufrimiento”, ha dicho, ante la enésima injuria de la justicia, la madre de Sandra Palo).
Así pues, cuando tuve noticia del Auto del TSJA que deniega la adopción de medidas para materializar y hacer real y verdadera (tutela judicial efectiva, le llama la Constitución) la suspensión de la integración de los intrusos en la Administración, pensé –como el cojo genial, al que he comenzado citando, sin nombrarlo- que, de nuevo, una vez más, a los jueces “se les volvieron las togas pellejos de culebras”. Y como a mi los reptiles me provocan aversión, no sentí, pues, extrañeza sino asco. No sorpresa, repugnancia.
Ese auto tiene más importancia de la que le hemos dado, y es más nocivo de lo que pensamos; trasciende el caso en el que ha sido dictado y alcanza, como aviso a navegantes, a las futuras resoluciones que puedan dictar los juzgados en respuesta a nuestras peticiones de ejecución. Desde el punto de vista práctico, transforma en papel mojado –con orines- todos los autos que han decretado la suspensión de los intrusos en las agencias. Los deja sin efecto y metamorfosea en “helada y laboriosa nadería” –como si fuesen un verso de Baltasar Gracián- todos esos rimbombantes “fumus boni iuris” y “periculum in mora”. Los jueces, de nuevo, nos dan a comer nueces vanas.
No obstante, el Auto de autos ofende menos al derecho que a la justicia, y sobradamente menos a la justicia que a la razón.
Porque a nadie se le escapa que la suspensión de la integración suponía necesariamente la adopción de una de estas dos medidas: o se extinguía la relación laboral, o se suspendía la relación laboral. Y no cabían otras opciones por la sencilla razón de que, al haber desaparecido las entidades de donde procedían los intrusos, no había posibilidad de vuelta atrás y reponer las cosas al statu quo anterior a la integración. Y puesto que, a un mismo tiempo, no se puede estar dentro y fuera, pues son conceptos antagónicos –como tempranamente aprenden los niños en Barrio Sésamo-, excluida la opción de “dentro” sólo cabía la de “fuera”. Y “fuera”, como hemos dicho, equivale a nada; porque, ahora, por mor de la ley del enchufismo, no hay nada aparte de las agencias.
Así lo entendimos muchos (el profesor Clavero lo dijo hace poco en una televisión), y hasta el Ministerio Fiscal lo entendió así. Por eso, en la vista que se celebró el pasado día 13, solicitó que se concediese a la Administración un plazo razonable para solucionar el problema. Dicho en otras palabras, llanamente: que como no había ningún sitio donde meterlos, se diera la oportunidad a la Junta de crear un chiringuito donde cobijarlos, como alternativa humanitaria a la calle –compasivo el Ministerio Fiscal.
El TSJA, sin embargo, no lo entendió así; ese día no vieron Barrio Sésamo. Y en lugar de armonizar dos proposiciones que son perfectamente compatibles (derecho constitucional de acceso a las funciones públicas conforme a los principios de mérito y capacidad –arts. 23 y 103 CE-, de un lado, y principio de sucesión de empresas –art. 44 ET-, de otro) las convierte en opuestas, y priva de contenido a la primera, haciendo prevalecer la segunda.
Porque –y estas son preguntas que yo me hago, como finamente dijo un juez hace poco- ¿Qué sentido tienen todos los autos de suspensión, si no pueden producir ningún efecto material? ¿Porqué el TSJA no ha revocado formalmente todos esos autos? ¿Qué forma de ejercer la jurisdicción es esa, tan heterodoxa?
¿Verdaderamente piensa el TSJA que la suspensión de la integración equivale o es compatible con seguir trabajando para las agencias, ejerciendo funciones para la satisfacción de las competencias que la ley atribuye a las agencias, cobrando de las agencias, dependiendo de las agencias…? ¿En qué consiste, entonces, para el TSJA, desde el punto de vista práctico, estar fuera de las agencias, es decir, la suspensión de la integración?
Para mi es evidente que esa resolución del TSJA carece de toda lógica. Y no sólo eso, sino que da la espalda al principio de legalidad, la seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva, que la Constitución garantiza. Es curioso -por la paradoja que entraña- que este auto del TSJA deja sin efecto todos aquellos otros que, precisamente, se dictaron por congruencia y con fundamento en dos sentencias del propio TSJA que dictaminaron que la integración de los intrusos en las agencias conculcaba la Constitución. Tal contradicción sólo es explicable desde la perspectiva del doble lenguaje: el de las palabras, y el de los hechos, que las contradicen y desmienten. La doblez, sin embargo, no suele conseguir su propósito, como nos hizo comprender Esopo en la fábula del leñador y la zorra, hace ya más de 2500 años. El TSJA ha pretendido dar satisfacción a la Ley y al que la violaba, el gobierno andaluz. Ha sentenciado la inconstitucionalidad de la integración, pero ha metido la sentencia en el cajón de los asuntos que el tiempo arreglará, como dicen que hacía Franco. Porque a eso equivale lo hecho. Negado el cese cautelarmente, habrá que esperar a que el Tribunal Supremo resuelva definitivamente, mas ¿cuándo?. Incluso hasta habrán pensado: con un poco de suerte Arenas nos resolverá la papeleta. No saben que “nadie puede servir a dos señores –como refieren los evangelistas Mateo y Lucas que dijo Jesucristo-, porque se entregará a uno y despreciará al otro…”. Y creo que en este asunto el TSJA se ha entregado a la conveniencia calculada, al pragmatismo, y ha despreciado a la Justicia.
Claro que todo esto ocurre por un problema capital de nuestro sistema jurídico: el déficit de seguridad jurídica. Aquí –como decía Quevedo- las leyes arden en los candiles, porque son torcidas. “Las leyes –decía- son por sí buenas y justificadas; mas, habiendo legistas, todas son tontas y sin entendimiento. Esto no se puede negar, pues los mismos jurisprudentes lo confiesan todas las veces que le dan a la ley el entendimiento que quieren, presuponiendo que ella por sí no le tiene. No hay juez que no afirme que el entendimiento de la ley es el suyo…” Por eso les exhortaba: “Sepan las leyes, empero no más que ellas; hagan que sean obedecidas, no obedientes…”
No hay seguridad jurídica cuando la ley queda sometida a los jueces, no los jueces a la ley, como dispone la Constitución en su artículo noveno. Hace unos días tuvimos ocasión de hablar de ello, al señalar que la asociación Jueces para la Democracia había anunciado su intención de escamotear la aplicación de la ley de reforma laboral por la vía interpretativa –ley torcida. Si esto se puede hacer en un país, me refiero no sólo a decirlo sino a perpetrarlo, es que nadie garantiza la seguridad jurídica.
Hace algún tiempo que, en estas mismas acogedoras páginas, manifesté mi escepticismo respecto a que esta vía –la judicial- pudiese proporcionarnos alguna satisfacción.
Lamento profundamente no haberme equivocado, porque este auto ha dado la puntilla a nuestras aspiraciones. Todos los que en adelante se dicten en incidentes de ejecución seguirán la misma pauta, pese a que, del mismo modo, todas las sentencias que pronuncie el TSJA reiterarán que la integración es contraria a la Constitución. He ahí la paradoja.
Así pues, abandonen toda esperanza aquellos que confiaron en la solución del conflicto por la vía judicial. Aquí, de manos de la justicia de nuestra tierra, no hay nada que esperar. Si algo llega, vendrá de fuera. ¡¡¡Qué lástima, pobre Andalucía!!!
Y, en todo caso, ¿servirá de algo que al cabo de los años la justicia disponga que los servidores de la administración paralela son intrusos y usurpadores de unos puestos de trabajo que pudieron corresponder a otros? ¿Servirá de algo a esos miles de opositores que aspiran HOY a ingresar en la Administración Pública? ¡¡A buenas horas mangas verdes!! Como dice el aforismo: “justicia demorada es justicia denegada”.
La única rendija abierta a la esperanza se llama cambio político. La única oportunidad de vencer en este conflicto es acabar con este régimen putrefacto y fétido. Ahora tenemos una ocasión, tal vez la última. Delenda est Cartago.
Max Estrella, cesante de hombre libre.
Marzo, 2012

LA ADMINISTRACIÓN CONSTITUCIONAL

El gobierno socialista ha convertido la administración andaluza en una deformación impúdica y grotesca del modelo constitucional, incluido el de su función pública. Los legítimos empleados públicos de la administración andaluza han quedado reducidos a una minoría en el “tótum revolútum” en que se ha convertido la función pública. En efecto, entre las decenas de miles de empleados de empresas, fundaciones y consorcios, recientemente transmutados en empleados públicos de las agencias creadas en la ley del enchufismo; los miles de externos, empleados de empresas testaferro de la propia administración; los cientos de contratados como autónomos, bajo contratos administrativos fraudulentos de servicios, consultoría o asistencia técnica; y los miles de correligionarios que el régimen ha conseguido incrustar en la administración en diversos procedimientos de selección a los que ha conseguido dar cobertura de legitimidad, en ese contexto, en ese revoltijo, decimos, los auténticos empleados públicos han quedado reducidos a una minoría.
Ese era y es el proyecto socialista de Administración y Función Pública: la voladura y liquidación del modelo consagrado en los artículos 23 y 103 de la Constitución.
Frente a ese modelo partidista y antidemocrático, algunos –tal vez muchos- reivindicamos otra Administración y otro modo de servirla; que no son otros, entendemos, que los de nuestra Constitución:


I.             UNA ADMINISTRACIÓN SOMETIDA PLENAMENTE A LA LEY Y AL DERECHO.
Lo que entraña la fijación de unos límites a la actuación administrativa. La Administración del Estado de Derecho no es un ente omnipotente y libérrimo, que no conoce otros límites que los de su voluntad. La Ley, como expresión solemne de la voluntad popular, es el soberano en un Estado de Derecho. La soberanía popular se manifiesta formalmente en la Ley. Nada hay por encima de ella, nada ni nadie que no quede sometido a su imperio.
El principio de legalidad en el ámbito administrativo supone no sólo que la Administración ha de abstenerse de hacer lo que la Ley proscribe, sino que, al propio tiempo, constituye una especie de marco habilitante para la actividad administrativa, dentro de cuyos límites ha de desenvolverse necesariamente ésta; dicho de otro modo, la Administración sólo puede hacer aquello para lo que esté habilitada por la Ley. A diferencia de los ciudadanos, que lícitamente todo lo pueden, excepto aquello que esté expresamente prohibido por la Ley.
No armoniza con nuestro sistema constitucional la existencia de limbos normativos, que, desgraciadamente, en los últimos años, con tanta frecuencia han servido de caldo de cultivo y coartada a actuaciones de la Administración al margen del Derecho.
II.           UNA ADMINISTRACIÓN AL SERVICIO DE LOS INTERESES GENERALES.
El poder, casi omnímodo, y dilatado en el tiempo, del partido gobernante –y su propia idiosincrasia- han generado una concepción patrimonialista de la Administración Pública, como instrumento de la acción política. Durante estas tres décadas la oligarquía partidaria gobernante ha ido de forma progresiva y sutil –y, a veces, no tan sutilmente- corrompiendo la naturaleza de las instituciones hasta ponerlas al servicio de sus propios intereses, los del partido e, incluso, en ocasiones, ni siquiera eso sino los muy particularísimos del líder o del propio grupo dominante (por ejemplo, caso MATSA) Esta confusión perversa de intereses tiene una importante manifestación en la apropiación que el partido hace de los órganos directivos de la Administración; considerándolos botín electoral, disponen de ellos como cosa propia, al margen de criterios de competencia y mérito en lo personal, y de beneficio e interés social, en lo objetivo. Y es de gran importancia esta cuestión, porque quienes acceden a tales responsabilidades, no por legítimas motivaciones, sino por militancia, o simpatía partidista, o afinidad ideológica, ponen el foco de su lealtad y de su actividad no en el bien común, como debieran, sino en el servicio de sus señores y de sus intereses. La satisfacción de los intereses generales queda así postergada; y se atenderá a ella en tanto en cuanto no se halle en conflicto con los intereses partidistas.
Así pues, es absolutamente necesario que el factor partidista esté totalmente excluido en la toma de decisiones administrativas; y que los funcionarios que participan en ellas estén libres de toda servidumbre sectaria.
III.          UNA ADMINISTRACIÓN QUE ACTÚE CON OBJETIVIDAD.
Que la administración actúe con objetividad lleva implícito el rechazo de la arbitrariedad, y guarda estrecha relación con lo dicho sobre el principio de legalidad, del que son necesario corolario. Demandar objetividad en la actuación de la Administración puede parecer una perogrullada, sin embargo, lamentablemente, las actuaciones arbitrarias son demasiado frecuentes en nuestra experiencia diaria, tanto en nuestra condición de ciudadanos como de empleados públicos. Y lo que es aún más lamentable, las arbitrariedades de la Administración están institucionalizadas en nuestro sistema y son aceptadas resignadamente, o son escasamente contestadas por sus víctimas, e, incluso –y esto es peor-, por los jueces y tribunales. Y ello, porque están revestidas –más bien, disfrazadas- con el manto de la discrecionalidad. El ejercicio de potestades discrecionales se convierte con demasiada frecuencia en nuestra Administración en monumento a la arbitrariedad. La delgada línea que separa la discrecionalidad de la arbitrariedad se llama motivación; es decir, la acreditación a los ojos de todos de que la actuación administrativa es acorde con los fines que la justifican, proporcionada en cuanto al uso de los medios e instrumentos empleados para su consecución, objetiva en lo material y lo formal, y acomodada a la ley. Esta línea es transgredida diariamente por resoluciones huérfanas de toda explicación, en lo que constituye un ejercicio prepotente de las potestades públicas. Estas prácticas son un cáncer en nuestra Administración.
IV.         UNA ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y AUSTERA.
Hablar de eficacia, también parece obviedad. Pero cuando nos referimos a una Administración eficaz no sólo estamos señalando la capacidad para hacer realidad un propósito o lograr un efecto determinado, sino que, y sobre todo, nos referimos al uso apropiado de los recursos públicos, de modo que el fin perseguido por la actuación administrativa se consiga con los menores costes. No es aceptable lo que la Cámara de Cuentas puso de manifiesto en su informe de fiscalización sobre el Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Proteja), esto es, que el coste por alumno en los cursos de dicho programa superó los 12.000 euros; muchísimo más caro que un máster universitario de alta cualificación; hubiese salido más barato al contribuyente mandar los alumnos a Oxford. Eso no es eficacia, es derroche, o algo peor.
El dinero del contribuyente es sagrado; máxime en un sistema fiscal donde la carga tributaria recae especialmente sobre los asalariados. Por tanto, el despilfarro y el gasto innecesario, sobre todo el suntuoso y suntuario, son inaceptables en una Administración verdaderamente democrática, y deviene en necesidad perentoria –harto más en estos tiempos de penuria económica (y ética)- la reducción drástica y ejemplar, y, en su caso, la eliminación de todos aquéllos gastos que tienen por finalidad el sostenimiento de privilegios, o la compra de lealtades clientelares, o la promoción de actividades privadas de escasa o nula utilidad y beneficio social.
La eficacia y la austeridad han de imponerse como principios de actuación de la Administración pública, al tiempo que conviene advertir a quienes se valen de tales conceptos como excusa para huir del derecho administrativo o buscar atajos en la aplicación de la ley, que tales prácticas sólo conducen –según ha quedado demostrado- a la corrupción y al despilfarro, al expolio de lo público y al enriquecimiento de parásitos sociales sin escrúpulos, llámense, incluso, sindicatos.
Buena prueba de ello la tenemos en la mal llamada “reordenación del sector público andaluz”, que venimos combatiendo desde su gestación, donde una costosísima –e inútil, desde la perspectiva de su utilidad social- operación partidista es disfrazada cínicamente por el gobierno como una medida orientada a mejorar la eficacia y promover el ahorro; así podía leerse en la norma fundacional de tal engendro: “...utilizar la reestructuración el sector público de forma que pudieran obtenerse ganancias de eficiencia, contención del gasto y ahorro orientados a la mejora de los servicios públicos...la reordenación del sector público no sólo persigue una mayor racionalización del gasto, sino que además se dirige a incrementar la eficiencia en la prestación de servicios a los ciudadanos...”
Frente a eso, hay que insistir en que la observancia escrupulosa de la ley y de los principios constitucionales que inspiran el funcionamiento de la Administración nunca ha supuesto un obstáculo para que la actividad administrativa resulte eficaz y racional en el empleo de los recursos públicos, más bien, por el contrario, ha sido el presupuesto necesario para ello.
V.           UNA ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE.
La Constitución garantiza el principio de responsabilidad de los poderes públicos. Esta es una cuestión importante, porque, en buena medida, la irresponsabilidad es la causante de la podredumbre que aqueja a esta Administración. El deterioro y degradación del modelo constitucional de Administración hasta su conversión en un instrumento partidista, han sido posibles, precisamente, porque los responsables de ello no han tenido nunca que responder de sus acciones. Valga como ejemplo reciente una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que todos tenemos en mente, en la que se afirma que la administración ha actuado con absoluto desprecio del estado de derecho; y podríamos preguntarnos ¿y qué consecuencias ha tenido para los responsables de tal actuación el hecho de haber sido desenmascarados por un alto Tribunal de tal manera? Obviamente, ninguna. Ninguna consecuencia. Ni en este ni en los miles de casos en que se ha actuado de manera similar. En este régimen rige el principio de irresponsabilidad, y es preciso acabar con ello.
Y este modelo de Administración, se conforma y complementa con un modelo de Función Pública:
1. UNA FUNCIÓN PÚBLICA PROFESIONAL.
La Constitución ha optado para los servidores públicos, con carácter general, por un régimen de naturaleza estatutaria diferenciado del que rige las relaciones jurídicas laborales del resto de los trabajadores. Este régimen debe ser establecido por la Ley, y también corresponderá a ésta –no al gobierno- la determinación de en qué casos y condiciones pueden reconocerse otras vías para el acceso al servicio público, bien entendido que el ejercicio de las potestades públicas inherentes a la competencia de los órganos administrativos ha de adscribirse en exclusividad a quienes ostentan la condición de funcionarios.
2. UNA FUNCIÓN PÚBLICA REGIDA POR EL MÉRITO Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.
Lo dispuesto en los artículos 23 Y 103 de la Constitución no da lugar a equívocos: Todos los ciudadanos tienen idéntico derecho a acceder al ejercicio de las funciones públicas. Sin distinción. Conforme, exclusivamente, a criterios basados en la capacidad y el mérito.
Lo que expusimos al comienzo de estas páginas desmiente ese mandato constitucional, y lo convierte en papel –discúlpeseme- meado. En el acceso a la función pública andaluza, como en la granja de la obra de G. Orwell, unos han sido más iguales que otros. Y en cuanto a la competencia y al mérito, este régimen, en tanto que totalitario, no ha promovido ni valorado el esfuerzo personal y la excelencia, sino la mediocridad y el sometimiento. Ya lo dijo uno de sus muy ilustres dirigentes, multiconsejero incombustible: “no hace falta que sepan, basta que sean dóciles y sumisos…”, y lo ha validado una ingenua. diputada socialista, con 25 matrículas en su carrera: “en el psoe no se valora el mérito”.
3. UNA FUNCIÓN PÚBLICA QUE VALORE LA IMPORTANCIA DE LA PROMOCIÓN PROFESIONAL.
Esta es una característica que no puede desvincularse de las anteriores. El derecho a la promoción profesional es uno de los aspectos más importantes de la relación laboral, tanto o más que el aspecto retributivo. El derecho a la promoción mediante el trabajo está reconocido en la Declaración de los Derechos del Hombre y, por supuesto, la Constitución Española lo consagra en su artículo 35.1; pero, como tantos otros, queda en agua de borrajas a efectos prácticos.
El derecho a la promoción profesional es otra de las clamorosas deficiencias de la administración socialista. Valga como ejemplo lo que ocurre en los cuerpos superiores de la administración –grupo A- donde la carrera administrativa es incontestablemente inexistente. En la mayoría de los casos, a los dos o tres años de ingresar en la Administración, los funcionarios de este grupo han conseguido alcanzar el máximo nivel administrativo que –dependiendo exclusivamente de sus méritos- podrán alcanzar en la Administración (nivel 25) A partir de ahí (y hasta su jubilación pueden pasar más de 35 años) sólo les queda, para poder promocionar profesionalmente, que el poder político les beneficie con su condescendencia.
4. UNA FUNCIÓN PÚBLICA IMPARCIAL.
El artículo 103.3 de la Constitución establece que “La ley regulará el estatuto de los funcionarios…y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”. Para que la actuación administrativa sea objetiva y pueda atenderse al fin supremo de la satisfacción de los intereses generales, es necesario que existan garantías para que el desempeño de las funciones públicas pueda hacerse con imparcialidad.
La garantía de la imparcialidad tiene una doble vertiente: Por un lado, impedir que en el desempeño de la función el empleado público actúe interesadamente, conforme a intereses espurios, ya sean inmateriales, ideológicos o de naturaleza más prosaica. Una garantía de naturaleza negativa que actúa como límite en el desempeño.
Por otro lado, la garantía positiva o activa de la imparcialidad; aquélla que tiende a la procura de que el funcionario no se vea perturbado por presiones ilegítimas en el desempeño de su función.
En ninguno de los dos aspectos, en contra de lo proclamado por la Constitución, se ha visto amparado el ejercicio imparcial de la función. No existen en nuestro ordenamiento jurídico instituciones o procedimientos de amparo de la imparcialidad funcionarial ante las presiones internas o externas; y si existen, no funcionan. El gobierno no sólo no ha propiciado su establecimiento, sino que al amparo de la inexistencia de tales garantías ha encontrado el terreno abonado para la satisfacción de sus intereses partidistas sin encontrar oposición.

         El gobierno socialista ha degradado el modelo constitucional para acomodarlo a sus propósitos de dominación política hegemónica. Por fortuna, ese proyecto aún no está perfeccionado, aunque poco le falta. Y no lo está porque, entre otras causas, inesperadamente, el régimen se ha encontrado con la firme y resuelta oposición de un sector importante de los afectados. Podemos evitar la consumación de ese despropósito antidemocrático. Aún es tiempo, pero hace falta disposición. El día 25 tenemos una oportunidad –quizá la última- para poner freno a este estado de cosas, y poder gritar a este gobierno desleal, que ha humillado la Constitución, lo que el Pueblo cantó al Rey felón en 1820:
“Tú que no quieres lo que queremos,
la Ley hermosa hecha en bien nuestro:
Trágala, trágala, trágala perro…”

Max Estrella, cesante de hombre libre.
Marzo, 2012

LA ADMINISTRACIÓN DE UN RÉGIMEN

Ya en los inicios del siglo XIV, cuando el contundente concepto “estado de derecho” no llenaba la boca de los pensadores y de los políticos, se sabía que la libertad de una comunidad exige que el gobierno –sea de muchos o de uno- respete la voluntad de los gobernados, esto es: se someta a la Ley.
Es de lamentar que en esta Andalucía del siglo XXI no resulte superfluo tener que recordar a los actuales mandatarios socialistas los mismos consejos que Marsilio de Padua dio a Luis de Baviera: “…cuáles son los primeros elementos de cualquier ciudadanía, que hay que observar para la conservación de la paz (hoy diríamos, más bien, bienestar) y de la propia libertad. Porque el primer ciudadano…ya sea hombre o muchos, deberá comprender que a él sólo le compete la autoridad de mandar según las leyes dadas, y de no hacer nada fuera de ellas…” O, formulado con las bellas palabras de Shakespeare: “No existe poder en Venecia que pueda alterar lo que dicta la ley”.
Es de lamentar, porque donde no hay ley no hay ciudadanía (nom esse republicam, como señaló San Agustín), sino servidumbre; donde la ley deja de ser expresión de la voluntad popular, y la voluntad del gobernante –sea uno o muchos- se impone a los gobernados, no hay libertad, sino despotismo. Y no ciudadanos, sino súbditos. Podrá haber bienestar, mas no libertad. Socorridos, mas sometidos, como advirtió don Francisco de Quevedo.
Y es de lamentar que eso lo hayamos consentido, si no propiciado, nosotros (incluyámonos todos); que hemos permitido, mansamente, sumisamente, condescendientemente, que un partido con una inequívoca voluntad hegemónica y de dominación haya instaurado en el transcurso de sus treinta años de ejercicio del poder en Andalucía un régimen despótico, omnipresente y omnipotente, muy impregnado de tintes totalitarios.
Lo supo y lo advirtió Alexis de Tocqueville, en las sublimes e inmortales últimas páginas de “La democracia en América”, este “neodespotismo” degradará a los hombres sin atormentarlos, tendrá otras características, será más amplio y más benigno. Este nuevo despotismo que amenaza a las naciones democráticas, decía Tocqueville, reviste la forma de “un poder inmenso y tutelar que se encarga de que los hombres sean felices y velar por su suerte. Es absoluto, minucioso, regulador, previsor y benigno…Este poder quiere que los ciudadanos gocen, con tal de que no piensen sino en gozar…”
Totalitarismo blando, lo ha llamado lúcidamente Cristina Losada. No pretendemos corregir a Tocqueville, mas aquí, en Andalucía, el despotismo del régimen no es ni tan proveedor, ni tan benigno, ni tan blando, ni tan dulce. Aquí, por el contrario, la carga es onerosa y muy amarga; no podemos olvidarnos de esos 1.200.000 conciudadanos que no tienen empleo y, lo que es peor, escasas expectativas de conseguirlo a corto plazo; muchos de los cuales están excelentemente preparados y muchos de los cuales aspiran a traspasar las puertas legañosas de la administración –así las llamó Vargas Llosa-, mas inútilmente, pues hoy están más legañosas que nunca y cerradas a todo aquél que no sea de la secta socialista.
En su desaforado afán de dominación, este régimen neodespótico, no conforme con el control absoluto y el sometimiento de todos los poderes del sistema político, se ha aplicado también al control de la sociedad civil, mediante la activa invasión de la esfera de la privacidad. Interviniendo y regulando hasta los más mínimos detalles de la actividad de los ciudadanos. Entre los innumerables, sirva un botón de muestra: Decreto 352/2011, de 29 de noviembre, por el que se regula la artesanía alimentaria en Andalucía. Nada escapa a su control desde la cuna a la tumba.
Al propio tiempo, ha ido tejiendo una pegajosa y sutil y liberticida tela de araña (en acertada metáfora de Pedro de Tena y Antonio Barreda) que ha extendido sus hilos depredadores a todos los sectores de la sociedad civil: desde los consejos escolares de todos los niveles, a las asociaciones deportivas, culturales, de vecinos, de personas mayores, de jóvenes, de mujeres, de emigrantes, medios de comunicación de toda clase, universidades, ONGs –desnaturalizadas, avenidas gustosamente a travestirse en agentes gubernamentales-, cajas de ahorro, cooperativas, sindicatos de trabajadores, asociaciones empresariales, de autónomos, de profesionales, de artistas, de consumidores, etc.; en definitiva, a todo aquello donde la ciudadanía propiciara una forma de organización para la articulación de sus intereses. En todo se ha infiltrado, y todo lo ha corrompido. Este régimen ha hecho lo que Roa Bastos describe en una de sus novelas: “…corromper y prostituir para reblandecer la sociedad y convertirla en una ramera complaciente y servil…”, parece que lo hubiese escrito pensando en esta tierra.
Acorde con ello, la sublimación de “lo colectivo” y la aspiración “igualitarista” (igualitarismo, falsa igualdad; no igualdad de oportunidades e igualdad ante la ley, sino una absurda pretensión de eliminar toda subjetividad -y, por supuesto, toda disidencia-, igualando a los individuos en sus potencialidades y actitudes espirituales y éticas) les sirve de coartada para la ablación y abolición de toda individualidad, que haciéndola presentar como opuesta al interés colectivo, será sacrificada a la idea suprema del ente que lo realiza. Hamna Harendt lo dice de forma contundente: “...la aspiración a organizar la infinita pluralidad y la diferenciación de los seres humanos como si la humanidad fuese justamente un individuo…”
Y esa pulsión de dominación no ha dejado fuera ni siquiera el ámbito de las emociones. Es más, ha sido un instrumento necesario para sus propósitos. La vacuidad ideológica que caracteriza este régimen (la única certeza ideológica que ha acreditado en estos treinta años ha sido la mentira; lo confesó uno de sus dirigentes, Luis Pizarro: “... en política la verdad consiste en decir en cada momento lo que conviene”) hace que su discurso se formalice mediante consignas y eslóganes, generalmente de contenido irracional y, consecuentemente, dirigidos no a la razón, sino a los sentimientos, preferentemente los relacionados con la identidad grupal. “Andalucía te quiere”, constituye un buen ejemplo de ello.
Como no podría ser de otra forma, un régimen de tal naturaleza ha configurado una Administración de similares características, a su imagen y semejanza, para lo cual ha tenido que corromper el modelo constitucional hasta hacerlo irreconocible. El régimen ha degradado la Administración andaluza hasta convertirla en un instrumento al servicio de sus intereses; de su único interés: el monoteísmo del poder, la permanencia sine die en el poder, la hegemonía política excluyente de toda posibilidad real de alternancia.
Una Administración Pública de la que queda sólo el nombre, pues se caracteriza por ser:
I.             SECTARIA Y PARTIDISTA.
La Administración del régimen da la espalda al servicio de los intereses generales de la ciudadanía para atender el interés partidista. Esta es una corrupción del sistema de la que, en ocasiones, sus autores ni siquiera son conscientes. Porque una concepción patrimonial del poder político –y de la Administración- ha llevado a generar una natural confusión entre partido y administración. Entre intereses políticos de partido e intereses generales de la ciudadanía. Hasta tal punto han asumido e interiorizado tal confusión de intereses, que en más de una ocasión hemos oído a los gobernantes del más alto nivel, confesar sin pudor alguno que están para servir los “intereses generales de su partido”. Y lo dicen, no por “lapsus línguae”, sino por lapsus freudiano y, a veces, en la absoluta convicción de que los intereses partidarios son los que ha de aceptar la ciudadanía desde el momento en que la mayoría de ésta decidió otorgarles su representación.
II.  ARBITRARIA.
El principio de legalidad es transgredido de forma sistemática. Tanto cuanto que la aplicación de la Ley pueda suponer un mínimo obstáculo, aun temporal, para la consecución de los propósitos partidistas -no necesariamente ilícitos. El respeto a la Ley se produce siempre que ésta no se constituya en dificultad u obstáculo frente a la voluntad del que manda.
El sometimiento de la actividad administrativa a la ley y al derecho, ha sido sustituido aquí por una concepción del derecho cercana a las tesis de Carl Schmitt, conforme a la cual, toda juridicidad remite al líder; la voluntad del gobernante es ley, y no hay límite que pueda oponerse a su poder.
III.          DESPROFESIONALIZADA, “CLIENTELAR” Y MEDIOCRE.
Desde sus inicios el régimen no ha ocultado su pretensión de convertir la función pública en una agencia de colocación de sus correligionarios y adeptos. Consagró su primer intento –con las bendiciones del Tribunal Constitucional, presidido por Tomás y Valiente- cuando dio carta de naturaleza funcionarial, por la cara, al llamado colectivo de “preautonómicos”, funcionarios ingresados en la administración por el mero designio del partido. Y ha perpetrado el último, con la aprobación de la Ley 1/2011, conocida como del enchufismo, que ha otorgado carta de naturaleza de empleados públicos a la legión de empleados de empresas, fundaciones y consorcios de la llamada “administración paralela”. Ley cuya constitucionalidad se encuentra pendiente de pronunciamiento ante el Tribunal Constitucional; esperemos (es un decir) que en esta ocasión se juzgue exclusivamente conforme a criterios jurídicos.
Entre tanto, el régimen ha ido “retorciendo” el ordenamiento jurídico hasta conseguir que el acceso a las funciones públicas conforme a los criterios de mérito y capacidad se convirtiera en una pura declaración formal, vacía de contenido, huera. Manejando torticeramente la conformación de los procesos selectivos se ha llegado en la práctica a la selección de personas poco competentes para el desempeño de las funciones públicas, con la finalidad de dar satisfacción a ciertas demandas sindicales y eludir conflictos que pudiesen dañar la imagen de gobierno y sus expectativas electorales. Es decir, usando sus propias palabras, para “garantizar la paz social”; cosa que, como hemos podido comprobar en el escándalo de los EREs, constituye una de las máximas preocupaciones del gobierno y pauta esencial de actuación. También es buen ejemplo de ello el infame, injusto, corrupto e inconstitucional sistema selectivo que aplican en la función pública docente andaluza, donde el mérito no sólo es despreciado y sometido a los intereses sindicales y a la neutralización de la conflictividad laboral, sino que es burdamente envilecido.
A ello unimos que, al contrario de lo que sucede en la Administración General del Estado, los órganos directivos de la Administración de la Junta de Andalucía no tienen porque ser necesariamente funcionarios. En la Junta de Andalucía cualquier persona puede ser titular de un órgano directivo. No necesita cumplir más requisitos que ser del agrado de quien lo designa. Vuelvo a citar a Roa Bastos: son “lo suficientemente mediocres como para aspirar a los más altos cargos. Y de hecho arriban a ellos sin mucho esfuerzo.”
Para los niveles superiores de la administración, la cuestión es parecida. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía echó por tierra un intento del gobierno que pretendía suprimir en las Relaciones de Puestos de Trabajo la exigencia de requisitos objetivos para acceder a los puestos de libre designación. Pero a pesar de no haber conseguido lo que no era más que una simplificación de la tarea, evitando el engorro de “vestir al santo”, lo cierto es que la designación de los puestos superiores está caracterizada por el sectarismo y es, en su gran mayoría, ajena a los principios constitucionales de mérito y capacidad.
Por si ello no fuese suficiente, el gobierno, que no desea un funcionariado imparcial, sino dependiente, ha ido externalizando fraudulentamente los servicios públicos. La administración ha ido llenándose de trabajadores contratados por empresas interpuestas, que no prestan a ésta servicio alguno, más que el de ceder ilícitamente a trabajadores contratados precisamente para ser cedidos, y que cobran por su trabajo menos que un funcionario, pero cuestan el doble; y, no obstante, víctimas de un fraude monumental y de la política antisocial socialista.
En ese contexto, que presenta una imagen desoladora de la función pública andaluza, entre víctimas y usurpadores, los legítimos empleados públicos de esta administración, profesionales e imparciales, somos ya minoría; en una administración desprofesionalizada, mediocre y sectaria. Minoría, mas minoría rebelde contra ese estado de cosas.
Es por eso que rechazamos categóricamente y sin paliativos ese modelo, y frente a él, reivindicamos un modelo de Administración que no es otro que el que queda diseñado en nuestra Constitución.
Max Estrella, cesante de hombre libre.
Marzo, 2012

EL GOBIERNO SE ECHA A LA CALLE

Veo en los papeles que el gobierno corrupto del psoe celebró el sábado jornada de puertas abiertas en la administración paralela. Quiero decir que abrió las puertas del redil de las hediondas agencias (máscaras del régimen para dar a la corrupción apariencia de virtud) y pastoreó a sus rebaños por las calles de Sevilla. No piense el lector que ando errado; no, al menos, en esta cuestión. Quien realmente convocaba la manifestación era esa banda de ignorantes, a la que nos excedemos llamándola gobierno (si les llamo ignorantes es porque, según ellos mismos manifiestan, nunca se enteran de lo que ocurre en la institución que, supuestamente, dirigen; al menos, eso es lo que les dicen siempre a los jueces: “yo no sabía nada”; ignorantes, pues).
Ciertamente que, desde una perspectiva puramente formal, convocaban los sindicatos felones y canallas, pero, a estas alturas de la historia moderna ¿a quién se le escapa que esos dizque sindicatos son las marcas blancas del partido de la corrupción y el paro; que están ahí para hacer el trabajo sucio que sus amos no pueden hacer córam pópulo (y es obvio de toda obviedad que al decir amos no me refiero a los trabajadores, a quienes –supuestamente- deberían servir, sino a esa nueva plutocracia en que se ha convertido la oligarquía socialista, cuyo máximo exponente es también –no por casualidad- su máximo líder político y referente ético, me refiero al archimillonario Felipe Gónzalez).
Convocaban los sindicatos que tienen el mayor entramado empresarial del país dedicado a no producir nada –que ya es arte- pero que, además –y esto supera el mero artificio para elevarlo a la categoría de prodigio-, les genera unos beneficios multimillonarios, incluso en tiempos de crisis. No es de extrañar, por tanto, que sus jayanes gasten Rolex que cuestan lo que muchísimos trabajadores (si es que tienen trabajo) ganan en un año -¿no es verdad, Cándido?; o hagan cruceros lujosos, o vivan en lujosas viviendas obtenidas al amparo del fraude a sus propios compañeros y a los fondos públicos –no es así Toxo?. O frecuenten lujosos restaurantes cuyo menú cuesta más de lo que un trabajador medio gana en una semana. Es decir que, como mentecatos y pobres de espíritu, les gusta el lujo.
Convocaba el sindicato que urdió la mayor estafa inmobiliaria que ha conocido este país –PSV- y cuya reparación tuvimos que pagar todos nosotros, no los estafadores. Convocaba, también, ese otro que decubrio que era rentable –para su burocracia- ir al rebufo del sindicato del poder y convertirse en parásito de un parásito.
Convocaban, a la postre, unos sindicatos de trabajadores -piadosamente, llamémosles de esa manera- cuyos dirigentes o no han trabajado nunca ¿verdad, Méndez?, o hace ya tiempo que se jubilaron (con 50 años, no con 67, como habremos de jubilarnos muchos, gracias a una reforma socialista que no les agravió tanto, y de la que no hablan, pues no habrá de afectarles), ¿verdad, Toxo?
Pienso en todo esto y me digo que sólo en clave de farsa –o de esperpento- puede interpretarse este espectáculo. Como en los mejores tiempos del franquismo, el régimen saca sus huestes a la calle para hacer apología de su gobierno. Leo en sus pancartas: “sí a la reordenación del sector público”, con ello se retratan, pues sólo en los regímenes populistas y totalitarios la acción del gobierno es enaltecida por las masas en la calle. Estos y aquellos son una misma cosa; en el fondo lo que pretenden es dotar de legitimidad a algo que a estas alturas está absolutamente deslegitimado; a una acción de gobierno que hasta los tribunales han calificado como realizada con absoluto desprecio del estado de derecho. Estos son los herederos del franquismo, y, como los niños, hacen lo que han visto en su casa. Imagino (y si no es así que alguien me saque del error) que el sábado esos que no se saben enchufados vinieron al Pardo de Griñán (me refiero al palacio, no a la oscura condición del gerifalte) del mismo modo en que los franquistas acudían ante el Caudillo: a gastos pagados, bocadillo y veinte duros de viático. Dinero que sin duda -en tanto que “defensores de lo público”- habrá salido de nuestros bolsillos; como el que Invercaria daba a ciertos destacados socialistas, del programa al que tenían la desvergüenza de llamar “Fondos Propios”, ¿no iban, pues, a quedárselo?
Entre todos ellos –socialistas y sus lacayos sindicalistas, parientes por consanguinidad y afinidad, y otros vínculos de más difícil y comprometida denominación, correligionarios, beneficiados y paniaguados- hay, sin embargo, algunos a los que de ninguna manera me gustaría ofender (y no es que pretenda ofender a nadie, desde luego, pero me importa poco que esos otros puedan sentirse ofendidos por lo que considero mera descripción de la realidad, según yo la percibo, como es obvio; en todo caso, no es mi intención ofender).
Me refiero a aquéllos a los que la Fortuna (esa loca borracha que da a los delitos lo que debe a los méritos, y los premios de la virtud al vicio, según Quevedo) dio un puesto de trabajo porque ese día, para ese trabajo, no había ningún “pariente, amigo, correligionario o recomendado” al que ofrecérselo. No sé si son conscientes de ello, no están ahí por méritos. El gobierno socialista no es amigo del mérito, lo ha dicho una de sus diputadas, esa chica de las 25 matrículas en la carrera, que ha tardado tanto en darse cuenta, como lo dijo antes, en Luces de Bohemia, un sepulturero con menos matrículas pero con más sabiduría.
Yo comprendo a esos beneficiados de la fortuna, pero creo que deberían ser conscientes de que están contaminados de bastardía por la corrupción del sistema que los ha cobijado y eso, tal vez, no pueden evitarlo, pues no está en sus manos. Lo que sí pueden evitar, pues depende exclusivamente de su voluntad, es unir su suerte a la de todos aquellos que conscientemente fueron beneficiarios de un expolio –de 25.000 puestos de trabajo, propiedad de todos los andaluces, entre ellos 1.200.000 desempleados-y cómplices o colaboradores necesarios de una operación antidemocrática –la gestación de una administración paralela, huida del derecho. A estos nada tengo que decirles, aparte de que dejen lo usurpado y devuelvan el botín. A aquéllos que se dignifiquen y sean capaces de reconocer que esos puestos que ocupan, y que no deben al nepotismo, mas tampoco a la ley, han de ser puestos en almoneda: al mejor postor de méritos, en pública concurrencia, en condiciones de igualdad, como prescribe la ley. Si no lo hacen así, nada los diferenciará de aquellos otros que han sido cogidos con las manos en la masa, y que obscenamente se resisten a devolver lo que han robado a todos los andaluces.
Yo confío en aquellos que son íntegros, el día de mañana puede que algunos sean compañeros nuestros y se alegrarán, entonces, de poder mirarnos a la cara.
Max Estrella, cesante de hombre libre
Marzo, 2012

EL VEREDICTO DE LA SECTA

“Jueces para la Democracia considera que el contenido del Real Decreto Ley 3/2.012, de medias urgentes para la reforma del mercado laboral constituye uno de los mayores ataques al derecho del trabajo y a las instituciones laborales a partir de la aprobación del Estatuto de los Trabajadores y materializa una reforma ofensiva, regresiva, reaccionaria y profundamente injusta…
Nuestra obligación como jueces garantes de los derechos fundamentales de los trabajadores es continuar aplicando las leyes laborales conforme a los principios y valores constitucionales, poniendo freno a los posibles abusos que tan amplias posibilidades de disposición del contrato de trabajo que se otorgan al empresario. Seguiremos sin duda en esa línea, obviando las muestras de desconfianza del legislador materializadas en las reformas introducidas a la ley procesal, aún desde la insostenible carga de trabajo que estamos soportando.”
Así comienza y así concluye –Alfa y Omega- el comunicado de la asociación Jueces para la Democracia, intitulado “JpD ante la reforma laboral”.
Lo leo más con estupefacción que con sorpresa, y harto más con indignación que con asombro.
Los párrafos que discurren entre los dos reproducidos -y que, supuestamente, están orientados a sustentar los juicios vertidos- son, sin embargo, de la misma naturaleza; esto es, juicios temerarios, mentiras, medias verdades, omisiones y, en suma, manipulaciones intencionadas –malintencionadas- de los hechos. En mi humilde opinión, el comunicado no resiste el más mínimo análisis, porque no se ha formulado desde el rigor jurídico, sino desde el prejuicio ideológico.
Mas no me llama a estas líneas la polémica sobre el contenido de la reforma laboral, que –por obvias razones de disparidad entre los contendientes- sería de todo punto imposible. Tengo mi opinión sobre ello, y acepto respetuosamente, sin descalificaciones ni insultos –como si hablara con un juez- cualquier otra que se exprese fundada en la razón, no en los prejuicios; por otra parte, el debate me parece en cierto modo inmoral: cinco millones y medio de conciudadanos no tienen empleo, y supongo que a ellos se les da un ardite la naturaleza tuitiva del derecho del trabajo, que, por cierto, tan poca eficacia ha mostrado en lo que les concierne. Como a ese trabajador al que el juez preguntó que fórmula elegía para su juramento, si la laica o la religiosa. “No tengo trabajo”, contestó. Quien lo cuenta –el señor K, un personaje de Bertolt Brecht- dice que “no fue simple distracción, el hombre quiso dar a entender que en esa situación ese tipo de preguntas, y tal vez incluso el mismo proceso, carecían de sentido”.
Lo que me conduce a la reflexión, que comparto contigo –amable y desocupado lector-, no es, pues, el derecho del trabajo, sino la política.
La democracia en nuestros días y en nuestra civilización no es sólo una forma de gobierno, es un modelo de organización política, al que llamamos democracia liberal, cuyos pilares, entre otros, son el sometimiento de todos los ciudadanos y de las instituciones del Estado al imperio de la ley –lo que conceptuamos como “estado de derecho”-, y la división o separación de poderes, que atiende a una distribución funcional de las potestades del Estado y establece un sistema de frenos y contrapesos –“para que no se pueda abusar del poder es preciso, que por la disposición de las cosas, el poder frene al poder”, como supo Locke y plasmó Montesquieu-.
Así, compete al legislativo la potestad de aprobar las leyes, y a los jueces y tribunales, la de aplicarlas –juzgar y hacer ejecutar lo juzgado-, y nada más.
No corresponde a los jueces la potestad legislativa, ni ampliar las competencias que la Constitución atribuye a los órganos jurisdiccionales, tal como recientemente le ha recordado el Tribunal Supremo al juez cohechador y prevaricador; ni tampoco, desde luego, emitir juicios sobre la idoneidad y oportunidad de las leyes y, mucho menos, sobre las supuestas intenciones del legislador. Expresiones tales como “ataques al derecho del trabajo y a las instituciones laborales... reforma ofensiva, regresiva, reaccionaria... obviando las muestras de desconfianza del legislador materializadas en las reformas introducidas a la ley...”  constituyen un exceso antidemocrático.
Lo que constitucionalmente compete a los jueces es aplicar la ley legítimamente promulgada. Y si verdaderamente la consideran tan injusta y execrable, lo procedente es plantear cuestión de inconstitucionalidad ante el órgano al que la Constitución atribuye en exclusiva la potestad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Cualquier otra cosa no es admisible en un estado de derecho. Y menos que ninguna, anunciar –como se hace en el comunicado- que burlarán la aplicación de la ley por la vía interpretativa, retorciendo la voluntad del legislador. Cicerón ya nos previno contra esto: “provienen también algunas injusticias…de la astuta y maliciosa interpretación de las leyes. De modo que se usa ya como proverbio vulgar el dicho sunma ius, sunma iniuria”.
La democracia son formas. La sabiduría romana lo supo hace dos mil años. César repudió a Pompeya sabiéndola inocente, y preguntado, entonces, por qué lo hacía, respondió: “Porque estimé que mi mujer ni siquiera debe estar bajo sospecha”. Plutarco lo cuenta.
Y si para el gobernante la forma es relevante, lo es harto más para la justicia. Tanto que su falta de observancia constituye a veces un impedimento para la realización material de la justicia.
Ello no significa en modo alguno que el juez, como cualquiera, pueda sustraerse al discurrir de su conciencia, y pueda evitar tener opinión sobre lo que percibe o siente. Ningún mal hay en ello. El pensamiento es libre, y ningún reproche ha de padecerse por ello (cogitationis poenam nemo patitur). En nuestro más antiguo ordenamiento jurídico –el Digesto- ya se recogía esa sentencia atribuida a Ulpiano, que ha mantenido su vigencia hasta nuestros días: “los pensamientos no pagan aduana”, así me la enseñaron.
No está el mal, por tanto, en los pensamientos, sino en su proclamación estructurada y orquestada. La jurisdicción, según nuestras leyes, se extiende a todos, en todas las materias y en todo el territorio. El juez es juez de todos: trabajadores y empresarios, autónomos y desempleados. A todos alcanza su jurisdicción y respecto a todos, sin distinción, debe desplegarse la función tutelar de los derechos.
El juez que no es capaz de embridar el prejuicio y anularlo, sometiéndolo a la racionalidad jurídica, pierde la equidad, la objetividad y la imparcialidad en el juicio.
El comunicado de JpD es la expresión coral y articulada de un prejuicio compartido. El comunicado de esa asociación habla por todos sus adheridos; y, por tanto, a todos los inhabilita, por su falta de imparcialidad, para conocer cualquier asunto que dependa de la aplicación de esta ley. La ciudadanía tiene derecho a conocer sus nombres, precisamente para poder hacer valer y proteger su derecho constitucional a un juez imparcial.
Hay otro aspecto que no debe pasarse por alto: el daño que infligen a la imagen institucional de la justicia. Lo que hace un juez –y mucho más una asociación de jueces- compromete a la justicia como institución. Aristóteles lo dijo, “ir al juez es ir a la justicia; el juez personifica la justicia…
Claro que todo esto ocurre porque tenemos una justicia ideologizada y políticamente militante. La propia denominación de esta asociación lo evidencia. Los ciudadanos de un estado de derecho no queremos jueces para la democracia, lo que deseamos es jueces para la justicia; jueces independientes y profesionales. No necesitamos para nada a los garzones, ni a los bacigalupos, ni a los alonsos, ni a los belloces, ni a las fernández de la vega, Para la democracia sobran esos jueces y faltan jueces independientes e imparciales. El único elemento que ha de estar presente en la función jurisdiccional es el Derecho. Sólo en los regímenes totalitarios la ideología impregna y contamina el raciocinio jurídico.
Estos jueces labran con ahínco su desdoro y luego se quejan de la desafección de la ciudadanía y de que la institución de la justicia esté absolutamente desprestigiada. Me recuerdan esa canción de Académica Palanca: “Porque de un solo porrazo que le di en mitad la boca le saqué todos los piños, y con un cuidado extremo recogí todas las piezas, las pegué con pegamento (que por cierto era muy bueno) y con su propia dentadura, una vez reconstruida, le corte la yugular, me llaman mala persona…
¡¡¡Cuanta ingratitud puede albergar el alma humana!!!
Max Estrella, cesante de hombre libre
Febrero, 2012